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Los vecinos —“manipulando pruebas”, señala Irina— la denunciaron ante la Procuraduría Social por haber colocado la puerta en un acceso público. Pero ella no cejó.
“Levanté una denuncia ante el Ministerio Público contra el ex administrador del edificio, por discriminación”. Cuando el funcionario de la Fiscalía, Juan Manuel Chao, le pidió su identificación oficial y vio su nombre de varón, “cambió totalmente de actitud”, diciendo que la denuncia no procedía por falta de pruebas. Irina denunció entonces a Chao ante la Secretaría de Servidores Públicos.
Además, también lleva un proceso ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), donde rechazó una conciliación en que sus agresores exigían un examen pericial psicológico “para determinar si mi transexualidad es verdadera o tengo alguna enfermedad patológica por la que yo me autodiscriminé y los culpé a ellos”.
Letra muerta
Desde 1998, el Código Penal del Distrito Federal tipifica la discriminación en el artículo 206. Pero “la ley es letra muerta”, afirma Arturo Díaz Betancourt, de la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia.
“Desde esa reforma, ninguna de las denuncias por discriminación ha salido adelante”, sostiene Betancourt, debido a los largos y complicados procesos. Actualmente, sólo cuatro estados, además del Distrito Federal, tipifican por ley la discriminación con base en las preferencias sexuales: Chiapas, Veracruz, Aguascalientes y Colima.
Mientras Betancourt habla de “una crisis del sistema de justicia mexicano”, Ricardo Hernández Forcada, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoce que el prejuicio homofóbico puede condicionar al servidor público para que “realice actos discriminatorios o niegue derechos legítimos” contenidos en la Constitución y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La esperanza nunca muere
En favor de Irina está su actitud combativa ante la vida, ligada a su militancia política en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Gracias a su perseverancia, los medios de comunicación hicieron público su caso, “y como por arte de magia”, comenta con cierta ironía, algunas autoridades también se interesaron, como la procuradora social, Magdalena Gómez, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del DF, Margarita Espino.
Irina logró apoyo oficial a sus denuncias y a su reivindicación de que en las actas figurara su nombre de mujer y no el masculino, que aparece repetidamente en todos los documentos a los que Cimacnoticias ha tenido acceso.
El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, también se reunió con Irina y, “mostrándose muy sensible, se comprometió a seguir con lupa” las dos denuncias interpuestas contra su vecino y el funcionario.
Irina ahora tiene más esperanzas, y busca testigos y pruebas para el juicio contra Chao. “Espero que el procurador Bátiz sea mi testigo, porque ahora sólo tengo a Nelly”.
Homofobia arraigada
La homofobia es un sentimiento incrustado en la sociedad mexicana, denuncia Betancourt “que tiene que ver con la construcción hegemónica masculina. Todo lo que no cumpla con el rol masculino es cuestión de persecución, ya sea lesbiana, homosexual o transgénero”.
Elegir ser mujer es para Irina otro vértice de discriminación: “Renuncié al dudoso privilegio de ser un hombre y bajé de categoría social. En este país, a las mujeres las golpean, agraden, insultan y matan por razón de su sexo”.
El miedo a la diversidad está también arraigado entre la juventud mexicana, a la que le corresponde liderar la transformación hacia una sociedad más abierta y plural. Así, 71 por ciento de las y los jóvenes no apoyaría los derechos homosexuales, según la Encuesta Nacional de Juventud del año 2000.
Crímenes de odio
En el marco del IX Congreso Nacional de VIH/sida, la activista Amaranta Gómez (Fotografía superior), quien fue la primera candidata transgénero a diputada federal por el desaparecido partido México Posible, indicó la importancia del reconocimiento de la mujer trans dentro de la sociedad, y la eliminación de esquemas de discriminación.
La activista con trayectoria en la lucha contra el VIH en la comunidad muxe opinó que se han creado ideas y conceptos erróneos sobre la figura de la muxe oaxaqueña, la que, si bien ocupa un lugar social de respeto en su población, es mas bien vista con resignación por la familia. "Estamos mejor que en otros lugares, pero definitivamente no es el paraíso".
Por su parte, la escritora y periodista transexual Hazel Gloria Davenporth (Fotografía derecha), colaboradora de esta agencia, en su ponencia "La otra Misoginia" resaltó la necesidad de analizar la problemática trans desde el feminismo y de incluir la identidad y dignidad de mujer en las referencias hacia transgenérericas y transexuales dentro de las campañas de salud, de derechos humanos y de efectos jurídicos.
Asimismo, criticó la incongruencia de funcionarios como Alejandro Encinas, jefe de gobierno del Distrito Federal y Fadlala Akabani, delegado en Benito Juárez, el primero por su negligencia y falta de interés en crear programas laborales para mujeres transgenéricas, lo que influye en su ocupación como trabajadoras sexuales, y el segundo por amenazar con quitarlas de las calles con fuerzas de granaderos.
A su vez, Ivonne Rafael Villegas, coordinadora de la Unión de Trabajadoras Sexuales Rubí Arzola, insistió en que esta falta de oportunidades laborales han colocado a la trabajadora sexual en una exposición permanente al contagio del VIH, lo que se agudiza cuando se encuentra con discriminación por parte de personal de la Secretaría de Salud encargado de atención en VIH.
En su intervención desde el público, Lola Delgadillo, coordinadora de Galegi (Grupo de Apoyo Gay, Lésbico y Trans) de Irapuato, destacó que la campaña dirigida a hombres que tienen sexo con otros hombres no ha tenido repercusión dentro de la población transgenérica debido a que no se identifica como hombre, sino como mujer, y subrayó la necesidad de que se distribuyan condones diseñados para penetraciones anales.
Por su parte, el abogado Víctor Hugo Flores Ramírez especialista en juicios de rectificación de nombre y sexo en documentos oficiales, reconoció que existen criterios de discriminación dentro del Registro Civil, mismos que dificultan e incluso imposibilitan injustamente el acceso a un nombre y a una identidad oficial a personas transexuales.