XXVII Aniversario de la Constitución española

Extraído de La Nueva España Escrito por José Luis Iglesias Álavarez.

El próximo 6 de diciembre se cumple el XXVII Aniversario de la Constitución española, un tiempo suficiente para buscar un cambio en artículos como el 2, donde se reconocen los derechos y deberes de las comunidades autónomas de nuestro país.

La inmovilidad de la que hace gala el Partido Popular no es de recibo. Aunque fue un acuerdo de consenso entre las diferentes formaciones políticas, y sometido a referéndum libre y democrático, el propio proceso evolutivo de cualquier sociedad exige un cambio de nuestra Carta Magna.

Nuestra Constitución es una herramienta básica para ejercitar la libertad y la democracia individual y colectivamente, sin violencia y sin imposiciones de ningún tipo. Esto es lo que hemos logrado los hombres y mujeres que estuvimos sometidos y reprimidos hasta el 20 de noviembre de 1975 en que muere el dictador, Francisco Franco.

Recuerdo en el campo de El Molinón, donde se celebró un acto entre todas las fuerzas políticas democráticas y sindicales, manifestando al unísono, ese 6 de diciembre, nuestra aprobación pública a la Carta Magna. Hay una serie de aspectos que se deben puntualizar. Durante estos 27 años hemos sufrido aspectos muy negativos para los trabajadores, así como para la ciudadanía en general que han conculcado principios que creíamos que podrían ser defendidos dentro del marco de nuestra Constitución.

«El artículo 10. La dignidad como persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificadas por España». «El artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el proceso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesional, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones retribuidas y la promoción de centros adecuados».
«El artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres». Me veo obligado a recordar estos tres artículos, porque no han sido respetados ni defendidos por los diferentes gobiernos democráticos. Un desempleo en índices muy superiores a cualquier país de la Unión Europea, que no pueden consentirse ni admitirse, pues veja y humilla la dignidad de los hombres y mujeres del trabajo. El progreso debe estar al servicio de las personas y no desde los poderes oligárquicos y financieros, que han impuesto reformas en nuestro ordenamiento laboral con implicaciones de cientos de agentes sociales que cuestionan y evidencian nuestra Constitución.
La pobreza en nuestro país afecta a 8.000.000 de personas -cerca de 200.000 en Asturias-. Las prestaciones públicas en sanidad han quedado devaluadas y se ha hecho una pirámide de despropósitos de abajo arriba, viéndonos forzados a perder unos derechos adquiridos como, por ejemplo: pagar los fármacos de una forma injusta, así como ser permanentemente vigilados por las mutuas de seguros privados, como si de delincuentes se tratara. La prestación de desempleo por reestructuraciones o cierre de empresa objetivamente tendrán que ser verificados, por los agentes sociales y la Administración para tener un desempleo indefinido hasta encontrar un trabajo de acuerdo con su profesionalidad y dentro de su región. Cualquier tipo de prestación económica por jubilación, pensión, autónomo, viudedad, etcétera, debe ser equiparada a un salario digno de al menos 600 euros y 900 euros con familia.

En este contexto los gobiernos han venido incumpliendo la Constitución en fundamentos como la vivienda digna, trabajo, educación, protección, sanidad, medio ambiente.