Desde hoy, travestis y transexuales podrán elegir con qué nombre figurar en los hospitales de la provincia de Buenos Aires

(Buenos Aires,Argentina)AGMagazine-.
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Una nueva resolución sobre el trato a personas transexuales en hospitales públicos bonaerenses será presentada hoy por el Ministerio de Salud. Desde el movimiento transexual aseguran que «es un paso fundamental» para reivindicar su identidad.

Claudio Mate, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pondrá en vigencia hoy la resolución por la cual se requiere a todos los trabajadores y profesionales de los hospitales designar con el nombre de elección a las personas travestis o transexuales que asistan como pacientes.

«Para nosotros este es un paso fundamental que nos abre la puerta para otros reclamos; porque cuando un médico aparece en la sala de espera y nos llama con el nombre que aparece en el DNI, pero es evidente que no nos pertenece, nos sentimos violentadas y humilladas», cuenta Diana Sacayán del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) que trabaja por la no exclusión del sistema sanitario de las personas cuya identidad de género difiere del nombre que aparece en sus DNI.

La resolución señala que "la concurrencia a los hospitales públicos por parte de personas travestis y transexuales da cuenta de la necesidad de adoptar medidas tendientes a respetar su identidad femenina y masculina" y, párrafo seguido, propone al personal de los establecimientos sanitarios designar al o la paciente con el nombre que haya elegido.

«Las travestis y transexuales vivimos una realidad de exclusión permanente: primero del hogar, luego del sistema educativo y del mundo del trabajo y esto redunda en el sistema de salud», cuenta Diana, y asegura que esto es peligroso porque «muchas compañeras se dejan estar en momentos en que padecen una enfermedad por no tener que padecer humillaciones en los hospitales. Por eso creemos que esta resolución ayuda para disminuir la violencia institucional de la que somos víctimas permanentes».

“La gesta del nombre propio”, el libro publicado por Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, señala que dada la exclusión del mundo del trabajo formal al que se ven sometidas, el 75 por ciento de la población travesti se ve obligada a prostituirse y que el VIH es la principal causa de muerte en este grupo poblacional.

«Por el tipo de trabajo al que accedemos, la mayoría está expuesta a enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, muchas se resisten ser atendidas porque se sienten discriminadas; yo misma he visto a chicas travestis con tuberculosis o SIDA morir solas en sus camas por negarse a ir al hospital», cuenta Sacayán.

Diana Sacayan habla sobre la situacion de las personas trans en el sistema de salud bonaerense

(Buenos Aires,Argentina)SentidoG-.
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A principios de este año diversas organizaciones de personas travestis y en situación de prostitución organizaron encuentros para denunciar la discriminación de género hacia personas travestis y transexuales en las instituciones de Salud, ya que el Estado no genera las herramientas necesarias para incluirlas, sino que por el contrario se enfrentan a un sistema expulsivo y segregacionista. A esto se le suman los prejuicios, la ignorancia y falta de pensamiento crítico del personal sanitario tanto médico como administrativo y de maestranza, problemática que se superaría con campañas de información y concientización, según proponen estas organizaciones.

Informe de Amancay Diana Sacayan, activista del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.):

“En enero de este año en el Hospital Teresa Germani de Laferrere (Partido de La Matanza, Buenos Aires) se llevaron a cabo encuentros de personas en situación de prostitución, en conjunto con el trabajo de inclusión de personas travestis al Sistema de Salud organizado por el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.).

Las instituciones y organizaciones allí reunidas decidimos elaborar un documento, cuyo objetivo es el de formalizar un compromiso de trabajo conjunto que conduzca a mejorar el servicio médico, logrando optimizar la atención médico-hospitalaria a nivel humano.

Para empezar quiero recordar el caso de Andrea (la Charli).

Ella vivía en Virrey del Pino en una casa que había construido con sus propias manos. Era muy compañera de las otras travestis, de buen corazón, cariñosa y simpática. En marzo del 2005 fue llevada por su familia al hospital "Nueva Evita" de La Matanza, en el Km. 32 de la ruta 3. Ella padecía de una infección en el intestino.

El trato que recibió desde su ingreso al lugar fue sumamente discriminatorio y agresivo su familia fue muy maltratada también. A la hora del aseo era eludida por l@s enfermer@s, el personal médico y no médico se burlaban de su identidad de género, haciendo comentarios insultantes. Su estado era sumamente delicado y toda esta situación fue agravándolo.

Aun así no dejó de reclamar mejor atención. En una discusión con el jefe de la guardia, éste manifiesta que si no están conforme con la atención recibida, tiene las puertas del hospital abiertas para retirarse. Ante esta situación de abandono su familia decide llevarla y tomar un colectivo que la acercara a Capital Federal. Con el suero y la sonda puestos emprendió viaje al hospital Santojani.

Al llegar allí, la operan de urgencia pero no logran salvarle la vida. Los jefes de este último hospital denuncian al "Nueva Evita" de La Matanza por abandono de persona y mala praxis.

Como si esto no fuera suficiente su cuerpo no aparecía, ni en la morgue ni en la comisaría. Durante 4 días familiares, amig@s y compañeras se movilizaron hasta que apareció unas horas antes de ser cremado, ya que figuraba como NN. Nuestra organización denunció el caso en distintos organismos de DD.HH. Su familia continúa aun hoy con el juicio.

Podríamos citar cientos de casos de compañeras, incluso las propias situaciones que me tocaron vivir a la hora de ir aun hospital pero el caso de Andrea es la síntesis de la sistemática violencia que el sistema de salud ejerce contra las personas travestis.

Un informe publicado en del libro "La gesta del nombre propio " -del cual también fuimos colaboradoras- da cuenta de datos sumamente escalofriantes y preocupantes. Sobre una cantidad de 400 personas travestis encuestadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano y Mar del Plata el 70 por ciento refiere no controlar regularmente su estado de salud por miedo y discriminación.

De todos modos debemos tener en cuenta que estos son los resultado generales de las encuestas y que de La Matanza sólo fueron encuestadas en Laferrere y González Catán 40 de esas cuatrocientas personas, y que la realidad territorial es aún mas alarmante por la extrema marginalidad en el que vive nuestro colectivo.

El estado argentino a través de la ley nacional de Sida garantiza el tratamiento absolutamente a todas las personas que padezcan de este flagelo, pero paradójicamente y para vislumbrar cuan poco le preocupa al estado la situación de vida de las travestis, se ha revelado también en la misma encuesta que la principal causal de mortalidad es por VIH /SIDA .

Esta misma situación nos da la sensación de abandono y ha hecho que la propias compañeras sientan rechazo por las instituciones de la salud, prefiriendo dejarse llevar por las enfermedades y a eso sumarle el alcoholismo y la drogadicción, para anestesiar el dolor y la tristeza y anhelar la muerte como un lugar de descanso.

La idea entonces a partir de aquí, es comenzar a recorrer este nuevo camino que no solo es quedarnos en la denuncia, sino empezar a corrernos del lugar de estigma en el que nos ha ubicado el estado.

Quizás para muchas personas no sea relevante el encuentro que hemos organizarnos pero para nosotras, para mi, tiene la importancia que significa poner un granito de arena para el difícil trabajo de sensibilización de las instituciones de la salud.

En mayo del 2006 yo, como coordinadora, y un grupo de cinco chicas travestis comenzamos lo que sería el trabajo de promoción de salud e impulsar el testeo voluntario de VIH a personas en situación de prostitución. Uno de los centros de salud con los que trabajaríamos seria el hospital Teresa Germani, de Laferrere. Era entonces esta la excusa perfecta para coordinar con la doctora Silvia Cetani - infectologa del lugar- lo que seria el primer encuentro de personas en situación de prostitucion y profesionales de la salud en un hospital publico de la provincia de Buenos Aires.

A fines de agosto se convocó la jornada bajo el nombre "Travestismo situación prostibular y salud". La idea fue entonces que primero se escucharan nuestras voces para ver luego como encarar la charla, con respecto a la prevención del VIH / SIDA.

¿Qué acordamos?

Desde los profesionales surgió que se creara un sistema de atención para personas en situación de prostitucion teniendo en cuenta la situación particular que atraviesan las compañeras. Con la propuesta de horarios y con tres días de atención, de hecho ya se han implementado los lunes, miércoles, y viernes sin necesidad de pasar por la mañana a retirar turno.

Por otro lado se acordó con la asistente social Yaquelin López crear un sistema de denuncia dentro del hospital y con la participación del nuestro grupo, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L), y con otras entidades de derechos humanos. La idea en principio seria que las compañeras puedan denunciar los casos de discriminación y malos tratos y accionar para que se revea la situación.

Aun hoy no se ha implementado este sistema de denuncia. Pero estamos en tratativas con la defensoria y la dirección de derechos humanos para ello. Estamos trabajando con la defensora del pueblo en instancias de hacerle llegar a la secretaria de salud de La Matanza todas estas inquietudes, y hemos conversado la posibilidad de solicitar a las autoridades que se preserve el nombre de DNI de las compañeras y se use el nombre genérico.

Este es el primer paso que hemos dado. Sabemos que el camino que nos toca recorrer es largo y difícil sobre todo para quienes somos in visibilizadas, ninguneadas deshumanizadas. No tenemos ganas, ni queremos acostumbrarnos a estos tratos. No queremos nunca mas ser olvidadas ni abandonadas. Queremos ser hacedoras de nuestro propio destino. Uno que esta muy lejos de aquel que dicen las estadísticas. Uno que queremos construir y reconstruir desde nuestra propias historias, de nuestra propias experiencias.

Desde ya nuestro profundo agradecimiento por la buena voluntad que han puesto la doctora Silvia Cetani y la trabajadora social Yaquelin López. Y las comprometemos a seguir trabajando

Este encuentro no fue financiado ni por el estado ni por ninguna empresa, nuestro grupo autogestionó las finanzas para el material utilizado, el refrigerio y el almuerzo. Queremos valorar que sin la participación y el esmero que han puesto las compañeras travestis hubiera sido imposible llevar adelante este encuentro.

Participaron de los encuentros: Diana Sacayán y Noelia Luna del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M. A. L); Silvia Caprino Alejandra Dulce Martines de Defensoría del pueblo de La Matanza; Héctor de GLOBA; Dirección DD-HH de La Matanza; Diego Cao Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; Lohana Berkins Asociación de Lucha por la Identidad de Travesti y Transexuales (ALITT); Alba Rueda Coordinadora del Foro de Diversidades Sexuales del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; Silvia Cettani, Médica Infectóloga del Hospital Teresa Germani; Jorge Puedo, Médico Infectólogo, Lic. Gabriela Fernandez Programa de Vih/sida de La Matanza; Marlene Wayar - Futuro Transgenérico

Desde comerciantes hasta travestis pagan 'impuestos' a las 'Convivir' en el centro de Medellín

(Medellín, Colombia)El Tiempo-.
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En ese sector de la capital antioqueña, las zonas de prostitución están divididas por líneas imaginarias, cuyo eje central es el Parque de Bolívar, explica un abogado de la Personería.

De la mitad del Parque hacia el norte está la 'zona de ligue' de los niños y hacia el sur la de las niñas. Ellas tampoco se escapan y pagan a las 'Convivires' 15 mil pesos mensuales por una especie de 'permiso' para prostituirse.

"Cuando empecé a trabajar aquí la cuota era de 40 mil semanales, pero nos tocó hacer un acuerdo con ellos para que nos la bajaran", cuenta un vendedor.

Los brazos de estos grupos que 'prestan' seguridad privada' y administran el espacio público se extiende también, según algunas prostitutas, al Parque Lleras, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. "Allá las maneja un señor que se llama Mauricio".

Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Medellín hay 66 empresas de vigilancia autorizadas: 44 armadas, 16 sin armas, 4 cooperativas y 2 servicios comunitarios de vigilancia. Las cooperativas de vigilancia se entienden hoy como entidades sin ánimo de lucro que vigilan, a cambio de una remuneración' a terceros.

También ofrecen servicios como asesorías en investigación de seguridad". "Las armas pertenecen al Estado pero se autoriza su uso y el porte a las entidades u organizaciones acreditadas ante la Supervigilancia", dijo un vocero de la entidad.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades no niegan el problema. Es más, saben que el grupo está integrado por 180 hombres de los cuales ya ha individualizado a 62.

ELTIEMPO quiso conocer la opinión del comandante de la Policía pero no fue posible ubicarlo. El qie sí habló fue el coronel Jorge Rodríguez, subcomandante operativo de la Policía Metropolitana.

"Ya hemos judicializado a 12 por extorsión y se pasó la información a la Fiscalía", dijo el oficial.

Sin embargo, aclara que no funcionan como las Convivir que se conocían antes, sino son grupos ilegales que prestan vigilancia por petición de los comerciantes.

Algunos de ellos comenzaron a cansarse. "Es una situación complicada porque uno le paga a un vigilante y además de eso le da plata a ellos. Ya nos estamos cansando. Además, echan a la gente cuando les parece que está mal vestida", dice una joven. "A las 8 de la noche pasan pero a las 9 se pierden porque la Policía hace ronda. Vuelven a la 1:30 a.m.", asegura.

El drama para las travestis

Cada noche, cuando Cristina(*) sale a vender su cuerpo en el centro de la capital antioqueña debe guardar parte del dinero que obtiene para asegurarse que las 'Convivires' no la retiren del lugar donde se ofrece.

Aunque las autoridades dicen que esas cooperativas de vigilancia ilegal son fantasmas del pasado, esta travesti alta y rubia les paga 120 mil pesos mensuales.

No son un grupo avalado por nadie, pero hacen lo mismo que las antiguas Convivir. "Ellos son los hombres armados que nos prestan seguridad", explica otra de las travestis, quien insiste en que la plata no le rinde.

Pero es una seguridad que puede salir muy cara, porque de no pagarles pueden ser excluidas de los lugares de más demanda sexual y "nos exponemos a recibir pelas (golpes) y a que nos humillen como si uno no fuera un ser humano", se queja otra.

En todas sus calles, desde La Paz, Bolívar, Palacé y Barbacoas, no existe una travesti que no pague ese impuesto.

Los integrantes de las 'Convivires' parecen invisibles. Sin embargo, en la zona dicen que ellos saben cuándo pueden salir y además si 'Los Personajes', como llaman a la Personería de Medellín, están verificando que no se violen los derechos humanos.

A pesar de eso, tienen nombres concretos: Tavera es el jefe, también están 'Jaymoro' y 'Andrés'. Piensan que su actividad es legal, al punto que uno de ellos, alguna vez, fue a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería a denunciar que en ocasiones la Policía lo detiene y le impide trabajar 'cuidando a la gente'. El grupo también se mantiene con los aportes de los comerciantes.

"Los dueños de negocios pagamos 35 mil pesos semanales y ellos se encargan de frenar los atracos", dice uno de los habitante consultados.

Asegura que los que más pagan son los dueños de las plazas de vicio, a quienes les cobran hasta cien mil por semana. Y todo esto a pesar de la presencia de un Centro de Atención Inmediata de la Policía (CAI).


(*)Nombre cambiado (por el propio diario)

MEDELLÍN

Gays y travestis y transexuales integran Foro de la Sociedad Civil de la OEA

(Panamá)SentidoG-.
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Representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales, travestis y transexuales del continente participaron hoy por primera vez del foro de la "sociedad civil" que habitualmente acompaña la realización de las asambleas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de ser finalmente "reconocidos como seres humanos".

Andrés Rivera Duarte, de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD), presentó ante los delegados de los treinta y cuatro países que forman parte de la OEA un panorama de la situación de las personas con orientaciones sexuales "distintas" en el continente americano, donde -dijo- sufren "discriminación, asesinatos y torturas".

Antes de presentarse durante el foro de la sociedad civil, celebrado hoy en la apertura formal de la 37a asamblea general de la OEA, que se está desarrollando en la ciudad de Panamá, representantes de grupos defensores de los derechos de esta minoría se reunieron aquí para elaborar una posición conjunta.

Ahora, explicó Rivera Duarte, el objetivo de este sector es el de incluir los conceptos de "identidad de género" y "expresión de género" en el anteproyecto de declaración contra el racismo y otros tipos de discriminación en el que está trabajando la OEA.

Ya existe un texto preliminar y los países del continente comenzaron a presentar propuestas, pero el camino hacia una eventual aprobación de la declaración todavía será largo.

El mensaje de Rivera Duarte fue seguido hoy con gran atención por los participantes del foro OEA-sociedad civil. En ese sentido, dijo: "el respeto con el que fui escuchado por los personeros y las conversaciones que se sostuvieron con ellos van a permitir que se apruebe este anteproyecto".

"No es un trabajo fácil, menos todavía cuando todavía hoy, en el siglo 21, hay personas que no somos consideradas seres humanos", indicó el activista, según el cual "las personas con diferente orientación sexual sufren discriminación, asesinatos y torturas".

La Rioja impulsa una ley para registrar trabajadoras sexuales

(San Juan,Argentina)Diario de Cuyo-.
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El objetivo de la norma es combatir la trata de mujeres y que las "whisquerías" no sean prostíbulos. Buscan luchar contra el narcotráfico, la delincuencia y las enfermedades de transmisión sexual.

El gobierno riojano (Argentina) impulsó una ley para elaborar un registro de trabajadoras sexuales de la provincia, con el fin de combatir la trata de mujeres y evitar que las "whisquerías" funcionen como prostíbulos.

El gobernador Luis Beder Herrera anunció hoy que "el próximo jueves, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se sancionará una ley destinada a combatir la trata de blancas en la provincia".

Herrera explicó, en conferencia de prensa, que con esa norma la provincia busca "reivindicar los derechos humanos en un compromiso con la sociedad".

Además, dijo que ese registro "permitirá profundizar la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y la proliferación de enfermedades sexuales".

El proyecto es "también un homenaje a la lucha de Susana Trimarco en la búsqueda de su hija", María de los Angeles "Marita" Verón, una joven tucumana que al parecer fue raptada por una red que maneja prostíbulos y llevada a La Rioja para ser sometida a explotación sexual.

Verón sigue desaparecida y la búsqueda de su madre fue reconocida por el gobierno nacional y recientemente por el de Estados Unidos.

En referencia a Trimarco, Herrera dijo que es "una mujer que ha luchado mucho por su hija y la vamos a invitar a que esté presente" el día de la sanción de la ley.

"Ella luchó durante meses, estuvo en la provincia, disfrazada, los conoce a todos, a los travestis, a las prostitutas, a la policía, a los que la sobornaban, a todos en definitiva", remarcó el gobernador.

Herrera sostuvo que La Rioja "fue avergonzada bastante en medios de prensa nacionales e internacionales, por el hecho de que acá vienen chicas de otras provincias o se las llevan desde aquí, se prostituyen, se pierden y después vemos los pedidos de búsquedas en distintos lados".

"Todo esto se da porque hay 10 ó 15 prostíbulos en la provincia, que se denominan whiskerías, pero funcionan como prostíbulos", remarcó el mandatario.

Al respecto, dijo que "sirven de entrada y salida para flagelos como la droga, también son guarida de delincuentes que vienen a la provincia y son una fuente de contagio de enfermedades sexuales como el sida".

Por esa razón, sostuvo que impulsa la ley para crear "un registro único para el control de todas las personas que entren o salgan (de esos locales) y que trabajen ahí".

Herrera dijo que cada una de esas personas deberá contar con "su respectiva libreta sanitaria". El gobernador admitió que la ley "no podrá aplicarse" si no cuenta con "un equipo de policías que esté permanentemente ahí y debe ser incorruptible". Herrera también aclaró que los municipios "no están autorizados a habilitar prostíbulos" y advirtió que si ya lo han hecho "deberán dar marcha atrás", porque "sólo pueden autorizar alternadoras o los travestis, a quienes se les va a exigir un certificado".

"Esta situación va a cambiar de un día para otro", anunció. Respecto del ejercicio de la prostitución, Herrera dijo: "No soy cínico para decir que no existe, es lo mismo que querer combatir el alcoholismo prohibiendo el alcohol, eso ya se hizo con grandes fracasos en el mundo".
"No vamos a combatir algo (contra lo) que no podemos luchar", añadió, y admitió que "seguramente los prostíbulos en la provincia tienen padrinos políticos, sino no podrían existir, pero los riojanos se van a quedar tranquilos con esta ley".

Candidatos a Jefe de Gobierno porteño hablan sobre diversidad sexual

(Argentina)SentidoG-.
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Todos los postulantes, incluidos Macri, Filmus y Telerman, contestaron el sondeo de la CHA. Las respuestas y los matices.

Los postulantes a jefes de Gobierno porteño en las elecciones de mañana respondieron, sin excepciones, a la encuesta que desde el 2000 realiza –-antes de cada votación nacional o de la Capital Federal– la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), con la consigna “no vote a los/as candidatos/as que discriminan”. Todos respondieron en forma positiva –con matices– a las inquietudes planteadas en el cuestionario. Desde los postulados, todos están de acuerdo en incluir, en el marco de la Ley de Educación Sexual, que se considere “la diversidad sexual como un valor y la homo-lesbo-trans-fobia como un problema de discriminación”. Hubo coincidencias y algunas propuestas ante la iniciativa de la CHA de crear una oficina específica para casos de “violencia de género sufrida por gays, lesbianas, travestis, transexuales” y para que esa dependencia tenga la capacidad de promover acciones legales. Del mismo modo, avalaron la realización de “campañas públicas contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género” y la aplicación de programas “de inserción social” para travestis, transgéneros y transexuales obligados a prostituirse por la discriminación que les impide “la opción de tener otro trabajo”. También respondieron los primeros candidatos de los partidos consultados –mujeres y hombres– a legisladores porteños.

Marcelo Suntheim, secretario de la CHA, recordó que en los primeros años la encuesta cosechaba “con bastante frecuencia respuestas por el no a los reclamos de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales e intersexuales”. La tendencia cambió “después de 2002, con la aprobación de la unión civil, y desde el 2003, con el registro de uniones civiles”. En esta oportunidad, a diferencia de otros candidatos de derecha, los postulantes de PRO, encabezados por Mauricio Macri, respondieron en forma consensuada las cinco preguntas del cuestionario. Sin producir grandes definiciones, señalaron que es preciso “cumplir con la ley en vigencia” que habla “del respeto por la diversidad de valores en la sexualidad”.

Jorge Telerman consideró que es “importante implementar todos los mecanismos necesarios para evitar la violencia de género” y que “es fundamental que las instituciones que actualmente existen asuman con responsabilidad este problema que afecta a tantas ciudadanas”. Respondió así a la pregunta sobre la creación de una oficina para atender los casos de violencia contra “gays, lesbianas, travestis, transexuales e intersexuales”. En ese punto, Daniel Filmus anticipó que en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos creará, de llegar al gobierno, “un Consejo Asesor con la participación de las ONG que trabajan en esta temática para desarrollar programas y acciones integrales” que incluirán “el patrocinio jurídico gratuito”.

Desde el PRO, sobre el mismo tema, se afirmó que “la violencia no puede ser aceptada en ninguna de sus formas” y que piensan “fortalecer las áreas sociales y de salud, de atención, asesoramiento jurídico y acompañamiento de todas las víctimas de violencia de género”. Para Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos, es preciso rechazar la discriminación por ser “un mecanismo que produce desigualdad”. En ese sentido opinó que el protagonismo de las ONG en las políticas de Estado “es una clave elemental de cualquier gestión democrática que se precie de tal”.

El Partido Obrero, a diferencia de otras agrupaciones, sólo respondió en forma positiva a todas las propuestas de la CHA, sin formular comentarios. De todos modos, Suntheim recordó que “hay enunciados claros en las bases del PO acerca de la no discriminación”. Otros candidatos de la izquierda, como Patricia Walsh (MST), Christian Castillo (PTS) y José Castillo (Frente de Izquierda Socialista Revolucionaria), condenaron con dureza la discriminación y cuestionaron la actitud, en la práctica, más allá de los enunciados, de “políticos como Telerman, Filmus o Macri”.

César Ciglutti, presidente de la CHA, sostuvo que el objetivo de la encuesta es “difundir a nuestra comunidad las afirmaciones de los/as políticos/as sobre aspectos relacionados a la orientación sexual e identidad de las personas, elementos de peso a la hora de decidir” a quién votar. Suntheim puntualizó que los políticos quieren expresarse sobre el tema, más que en años anteriores, entre otras cosas porque “unas 250 mil personas, de una u otra manera, son visiblemente gays, lesbianas y travestis”. Agregó que, al margen del peso que tiene el voto de la comunidad homosexual, “hay que pensar que muchos heterosexuales apoyan nuestra causa y tienen en cuenta la opinión de los políticos sobre el tema al momento de dar el voto”.

Los otros consultados

En esta ocasión, la CHA consultó al primer candidato hombre y a la primera candidata mujer al cargo de legislador, de cada partido, para darle a la encuesta “una perspectiva de género”. Marcelo Suntheim resaltó que entre los 28 encuestados se destacó “el nivel de conocimiento muy profundo sobre el tema que tenían las mujeres candidatas”. Mencionó, de manera especial, la calidad de las respuestas de Diana Maffía, legisladora que acompaña a Jorge Telerman, y Gabriela Alegre, candidata al mismo cargo por la fórmula que encabeza Daniel Filmus.

Se destacó, además, que ésta fue “la primera vez” que Telerman opina sobre “los problemas de fondo de la comunidad” homosexual y que todos los candidatos consultados respondieron, con la única excepción de Silvina Pedreira, de la lista de Filmus. El único que respondió en forma negativa a varias de las consultas fue Sergio Abrevaya, candidato a legislador por la fórmula que encabeza Telerman. Abrevaya rechazó la posibilidad de “la no penalización y persecución de las personas que se encuentran en estado de prostitución”. Luego se mostró a favor de crear “un lugar conmemorativo sobre la diversidad sexual como existe en otras ciudades” del mundo, pero aclaró que él “no iría a la inauguración”.

ADN a tres personas por un crimen alevoso

(Argentina)La Capital-.
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El juez penal de Instrucción Alfredo Ivaldi Artacho ordenó la realización de tres exámenes de ADN en el marco de la causa judicial por el crimen de Marisa González, la mujer transexual asesinada de varias puñaladas hace poco más de dos años en su casona de Pellegrini 341.

Quienes ya se sometieron a esa pericia son las tres personas que vieron por última vez con vida a la víctima: su hija adoptiva adolescente, la pareja de la muchacha y la mujer que convivía con González y era su ama de llaves.

La medida, según fuentes judiciales, se realizó el lunes 28 de mayo, es decir el mismo día en que se cumplieron dos años del asesinato. Marisa Dominique era el seudónimo que utilizaba J. A. G., la primera transexual rosarina en someterse a una operación para cambiar de sexo. El sábado 28 de mayo de 2005 al mediodía fue encontrado en la biblioteca de la planta baja del palacete ubicado en Pellegrini entre Ayacucho y Alem.


El enigma

Casi decapitada, el cuerpo tenía doce puñaladas. La autopsia determinó que Marisa fue asesinada cerca de las 3 por alguien conocido. No había puertas ni ventanas forzadas y el autor del cruento crimen no logró llamar la atención de Esther Vera, la ama de llaves que a esa hora se supone que dormía en el primero piso del caserón.

Tras varios intentos fallidos por ubicarlos, ya que habían cambiado de residencia sin avisar en el juzgado, Vera, la hija María José y su concubino, Martín Locatelli, concurrieron a primera hora de la mañana del lunes pasado al Instituto Médico Legal, donde se sometieron a una extracción de sangre.

El objetivo del estudio es cotejar el patrón genético de unas gotas de sangre halladas en el picaporte de la puerta de la sala donde fue asesinada Marisa, en el piso de esa habitación, cerca del zaguán de ingreso a la casa y en un baño de la planta alta de la casa, donde se sospecha que el o los asesinos se hayan lavado antes de escapar. El mismo procedimiento se realizará con restos de cabellos y unas colillas de cigarrillo, «levantados» en la escena del crimen.

El juez ordenó esas medidas, que podrían derivar en un careo entre esas personas al recibir los resultados de una pericia caligráfica solicitada en su momento por la representante legal de uno de los hermanos de González, Ana María Ferullo, en el expediente que se tramita en el juzgado Civil Nº12. En ese fuero, se discute la presunta falsedad del testamento que dejó Marisa, donde nombró a su hija María José, entonces de 17 años, única heredera de sus bienes.

“Impugnamos ese testamento porque las firmas eran falsas. Eso quedó acreditado luego de una pericia realizada por un perito oficial de la Corte Suprema. Las firmas en la partida de nacimiento de María José eran falsas y las de dos testigos que aparecen en el testamento también. Requerimos que ese informe sea incorporado al expediente penal y que se hagan pruebas de ADN con las tres personas que estuvieron con Marisa la noche en que la mataron”, explicó la abogada.