(Medellín, Colombia)El Tiempo-.
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En ese sector de la capital antioqueña, las zonas de prostitución están divididas por líneas imaginarias, cuyo eje central es el Parque de Bolívar, explica un abogado de la Personería.
De la mitad del Parque hacia el norte está la 'zona de ligue' de los niños y hacia el sur la de las niñas. Ellas tampoco se escapan y pagan a las 'Convivires' 15 mil pesos mensuales por una especie de 'permiso' para prostituirse.
"Cuando empecé a trabajar aquí la cuota era de 40 mil semanales, pero nos tocó hacer un acuerdo con ellos para que nos la bajaran", cuenta un vendedor.
Los brazos de estos grupos que 'prestan' seguridad privada' y administran el espacio público se extiende también, según algunas prostitutas, al Parque Lleras, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. "Allá las maneja un señor que se llama Mauricio".
Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Medellín hay 66 empresas de vigilancia autorizadas: 44 armadas, 16 sin armas, 4 cooperativas y 2 servicios comunitarios de vigilancia. Las cooperativas de vigilancia se entienden hoy como entidades sin ánimo de lucro que vigilan, a cambio de una remuneración' a terceros.
También ofrecen servicios como asesorías en investigación de seguridad". "Las armas pertenecen al Estado pero se autoriza su uso y el porte a las entidades u organizaciones acreditadas ante la Supervigilancia", dijo un vocero de la entidad.
¿Qué dicen las autoridades?
Las autoridades no niegan el problema. Es más, saben que el grupo está integrado por 180 hombres de los cuales ya ha individualizado a 62.
ELTIEMPO quiso conocer la opinión del comandante de la Policía pero no fue posible ubicarlo. El qie sí habló fue el coronel Jorge Rodríguez, subcomandante operativo de la Policía Metropolitana.
"Ya hemos judicializado a 12 por extorsión y se pasó la información a la Fiscalía", dijo el oficial.
Sin embargo, aclara que no funcionan como las Convivir que se conocían antes, sino son grupos ilegales que prestan vigilancia por petición de los comerciantes.
Algunos de ellos comenzaron a cansarse. "Es una situación complicada porque uno le paga a un vigilante y además de eso le da plata a ellos. Ya nos estamos cansando. Además, echan a la gente cuando les parece que está mal vestida", dice una joven. "A las 8 de la noche pasan pero a las 9 se pierden porque la Policía hace ronda. Vuelven a la 1:30 a.m.", asegura.
El drama para las travestis
Cada noche, cuando Cristina(*) sale a vender su cuerpo en el centro de la capital antioqueña debe guardar parte del dinero que obtiene para asegurarse que las 'Convivires' no la retiren del lugar donde se ofrece.
Aunque las autoridades dicen que esas cooperativas de vigilancia ilegal son fantasmas del pasado, esta travesti alta y rubia les paga 120 mil pesos mensuales.
No son un grupo avalado por nadie, pero hacen lo mismo que las antiguas Convivir. "Ellos son los hombres armados que nos prestan seguridad", explica otra de las travestis, quien insiste en que la plata no le rinde.
Pero es una seguridad que puede salir muy cara, porque de no pagarles pueden ser excluidas de los lugares de más demanda sexual y "nos exponemos a recibir pelas (golpes) y a que nos humillen como si uno no fuera un ser humano", se queja otra.
En todas sus calles, desde La Paz, Bolívar, Palacé y Barbacoas, no existe una travesti que no pague ese impuesto.
Los integrantes de las 'Convivires' parecen invisibles. Sin embargo, en la zona dicen que ellos saben cuándo pueden salir y además si 'Los Personajes', como llaman a la Personería de Medellín, están verificando que no se violen los derechos humanos.
A pesar de eso, tienen nombres concretos: Tavera es el jefe, también están 'Jaymoro' y 'Andrés'. Piensan que su actividad es legal, al punto que uno de ellos, alguna vez, fue a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería a denunciar que en ocasiones la Policía lo detiene y le impide trabajar 'cuidando a la gente'. El grupo también se mantiene con los aportes de los comerciantes.
"Los dueños de negocios pagamos 35 mil pesos semanales y ellos se encargan de frenar los atracos", dice uno de los habitante consultados.
Asegura que los que más pagan son los dueños de las plazas de vicio, a quienes les cobran hasta cien mil por semana. Y todo esto a pesar de la presencia de un Centro de Atención Inmediata de la Policía (CAI).
(*)Nombre cambiado (por el propio diario)
MEDELLÍN
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