“Creemos que puede ser posible, que es posible y que tendremos una ley antes del Orgullo. Nos queda seguir avanzando”. Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) hizo estas consideraciones tras la reunión que se celebró ayer en la Moncloa, con representantes del gabinete de vicepresidencia y del Ministerio de Justicia. El escollo sigue siendo cómo se articula jurídicamente el derecho a la libre determinación del sexo registral de las personas trans, pero hay algún avance.
Desde la representación socialista del Gobierno se había lanzando la propuesta de requerir a las personas que quieren modificar su género o sexo registral la necesidad de acudir con testigos que para realizar el trámite. Una fórmula que deja atrás el requerimiento de la legislación actual de contar con un informe médico y un proceso de dos años de terapia hormonal, pero que pone unos requisitos a la “libre determinación” impulsada por el borrador del Ministerio de Igualdad.
Los colectivos que participaron en la reunión (FELGTB, Fundación Triángulo y la asociación de menores trans Chrysallis) rechazan esta fórmula, pero han propuesto que las personas que quieren cambiar de sexo en el registro lo hagan con un plazo de tres meses. Se trataría de una primera solicitud ante el Registro Civil, y una nueva comparecencia pasados los tres meses para finalizar el trámite.
Asimismo, desde Chrysallis se propone que los menores de 12 años no puedan cambiar su sexo en los registros, sino solo su nombre. El borrador de la ley trans sí que abría la posibilidad a todos los menores de 16 años.
El borrador está bloqueado en el Gobierno debido a las discrepancias entre la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Irene Montero acerca del alcance jurídico de la libre determinación de género. Desde vicepresidencia y sectores del feminismo se subraya la importancia de que la ley no colisione con la base jurídica de la lucha contra la desigualdad de género, basada en el hecho de haber nacido mujer.
