Diario Progresista (España)-.
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Mientras Horcajo se despacha a gusto en Intereconomía contra Carla Antonelli, la primera candidata transexual a un escaño parlamentario, Mariano Rajoy no se compromete a mantener la ley de matrimonios igualitarios si llega al gobierno, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, si es que alguna vez llega a sentenciar el recurso presentado por el Partido Popular. Ante esta situación procede desarrollar y llevar a la práctica nuevas y comprometidas políticas de marcado carácter LGTB, como las que sólo las fuerzas de izquierdas pueden ofrecer. Propuestas tendentes a la consecución de la Igualdad real tras el logro de la Igualdad legal, a la lucha contra la discriminación y cualquier tipo de LGTB-fobia y a la construcción y visibilidad de distintas figuras representativas del ámbito LGTB como "modelos positivos de ciudadanía". Para ello se hace imprescindible intervenir transversalmente en todas las áreas prioritarias de la vida pública: Educación, Servicios Sociales, Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sanidad, Empleo, Vivienda...
Es justo sentirse un referente de la lucha LGTB y presumir de ser artífice de una legislación que iguala derechos; los españoles podemos hacerlo. La pregunta es ¿garantiza esa legislación la libertad para hacer uso de ella? ¿De qué presumimos, entonces, si somos incapaces de garantizarla? Estar orgulloso de ser gay en Chueca acaba siendo un agravio comparativo si en pequeñas localidades cercanas y no tan cercanas no pasas de ser otro maricón, otra tortillera o un travelo. Si no conseguimos extender el orgullo más allá de la Gran Vía junio tras junio, estamos fracasando. Sólo podremos estar totalmente satisfechos del valiente, significativo y ejemplarizante acierto del gobierno Zapatero cuando todos y cada uno de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de cada rincón de España (y del mundo) puedan vivir su propia realidad sexual con absoluta normalidad. Negar que eso no es posible aún, por muchas leyes que aprobemos, es negar el fracaso que venimos cosechando y que se hace visible con cada agresión y discriminación que con tanta frecuencia -y van en aumento- llenan las páginas de los periódicos. Una convocatoria homófoba para ser bombero, una calculada salida de tono en una cadena televisiva de ultraderecha o cada agresión, que las hay, demasiadas, son sólo pruebas más de las muchas y variadas discriminaciones que diariamente sufre el colectivo LGTB en toda la geografía nacional y, también, en este presunto oasis arcoíris que pretendemos que sea Madrid sin haberlo logrado, siquiera por asomo. La propia concepción, aunque no sea cierta, que transmiten el Soho londinense, la zona rosa de México DF, el Greenwich neoyorquino, el Les Marais parisino, el Shinjuku ni-chome de Tokio, el Södermaln de Estocolmo o la propia Chueca en Madrid, hace que acaben apareciendo más como refugio que como ejemplo: una suerte de centros de acogida de "inmigrantes y refugiados" de la orientación sexual, mientras la homofobia y la transfobia campan a sus anchas por el resto de la geografía. Son procesos de "gentrificación" (o aburguesamiento) dominados por el consumismo que acaban por hacer realidad ese perverso dizque chiste del joven que anuncia que es "gay" a su padre y este, tras advertir a su hijo que carece de estudios, trabajo y patrimonio le comunica que no pasa de ser un simple maricón. Es duro, pero permite visualizar la triste realidad que muchos quisieran ignorar.
Una realidad que no sólo de transforma legislando. Las leyes se hacen realidad cuando se cumplen, y el cumplimiento se ejecuta en los ámbitos más cercanos. Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen que hacerlas efectivas, en tanto que disponen de las competencias para ello en materia de educación, salud y servicios sociales. Ante el 22 de mayo la derecha no va a querer hablar de estas cosas, pues confía todas sus bazas electorales y el desarrollo de su agenda oculta en el desgaste que el gobierno de Zapatero acumula como consecuencia de una crisis económica derivada de las políticas que, por la puerta de atrás, el Partido Popular quiere volver a implantar en nuestro país, pues su proyecto político se basa en la debilidad del sistema público. Estemos alerta, pues lo que se votará en mayo son las políticas efectivas, las cercanas, las que nos afectan a los ciudadanos en nuestra vida diaria. El colectivo LGTB tiene que exigir a los políticos que se definan antes de que, envueltos en la piel de cordero que les caracteriza cada vez que se acercan unas elecciones, quieran envolvernos con discursos vacíos y ausencia de propuestas.
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Mientras Horcajo se despacha a gusto en Intereconomía contra Carla Antonelli, la primera candidata transexual a un escaño parlamentario, Mariano Rajoy no se compromete a mantener la ley de matrimonios igualitarios si llega al gobierno, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, si es que alguna vez llega a sentenciar el recurso presentado por el Partido Popular. Ante esta situación procede desarrollar y llevar a la práctica nuevas y comprometidas políticas de marcado carácter LGTB, como las que sólo las fuerzas de izquierdas pueden ofrecer. Propuestas tendentes a la consecución de la Igualdad real tras el logro de la Igualdad legal, a la lucha contra la discriminación y cualquier tipo de LGTB-fobia y a la construcción y visibilidad de distintas figuras representativas del ámbito LGTB como "modelos positivos de ciudadanía". Para ello se hace imprescindible intervenir transversalmente en todas las áreas prioritarias de la vida pública: Educación, Servicios Sociales, Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sanidad, Empleo, Vivienda...
Es justo sentirse un referente de la lucha LGTB y presumir de ser artífice de una legislación que iguala derechos; los españoles podemos hacerlo. La pregunta es ¿garantiza esa legislación la libertad para hacer uso de ella? ¿De qué presumimos, entonces, si somos incapaces de garantizarla? Estar orgulloso de ser gay en Chueca acaba siendo un agravio comparativo si en pequeñas localidades cercanas y no tan cercanas no pasas de ser otro maricón, otra tortillera o un travelo. Si no conseguimos extender el orgullo más allá de la Gran Vía junio tras junio, estamos fracasando. Sólo podremos estar totalmente satisfechos del valiente, significativo y ejemplarizante acierto del gobierno Zapatero cuando todos y cada uno de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de cada rincón de España (y del mundo) puedan vivir su propia realidad sexual con absoluta normalidad. Negar que eso no es posible aún, por muchas leyes que aprobemos, es negar el fracaso que venimos cosechando y que se hace visible con cada agresión y discriminación que con tanta frecuencia -y van en aumento- llenan las páginas de los periódicos. Una convocatoria homófoba para ser bombero, una calculada salida de tono en una cadena televisiva de ultraderecha o cada agresión, que las hay, demasiadas, son sólo pruebas más de las muchas y variadas discriminaciones que diariamente sufre el colectivo LGTB en toda la geografía nacional y, también, en este presunto oasis arcoíris que pretendemos que sea Madrid sin haberlo logrado, siquiera por asomo. La propia concepción, aunque no sea cierta, que transmiten el Soho londinense, la zona rosa de México DF, el Greenwich neoyorquino, el Les Marais parisino, el Shinjuku ni-chome de Tokio, el Södermaln de Estocolmo o la propia Chueca en Madrid, hace que acaben apareciendo más como refugio que como ejemplo: una suerte de centros de acogida de "inmigrantes y refugiados" de la orientación sexual, mientras la homofobia y la transfobia campan a sus anchas por el resto de la geografía. Son procesos de "gentrificación" (o aburguesamiento) dominados por el consumismo que acaban por hacer realidad ese perverso dizque chiste del joven que anuncia que es "gay" a su padre y este, tras advertir a su hijo que carece de estudios, trabajo y patrimonio le comunica que no pasa de ser un simple maricón. Es duro, pero permite visualizar la triste realidad que muchos quisieran ignorar.
Una realidad que no sólo de transforma legislando. Las leyes se hacen realidad cuando se cumplen, y el cumplimiento se ejecuta en los ámbitos más cercanos. Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen que hacerlas efectivas, en tanto que disponen de las competencias para ello en materia de educación, salud y servicios sociales. Ante el 22 de mayo la derecha no va a querer hablar de estas cosas, pues confía todas sus bazas electorales y el desarrollo de su agenda oculta en el desgaste que el gobierno de Zapatero acumula como consecuencia de una crisis económica derivada de las políticas que, por la puerta de atrás, el Partido Popular quiere volver a implantar en nuestro país, pues su proyecto político se basa en la debilidad del sistema público. Estemos alerta, pues lo que se votará en mayo son las políticas efectivas, las cercanas, las que nos afectan a los ciudadanos en nuestra vida diaria. El colectivo LGTB tiene que exigir a los políticos que se definan antes de que, envueltos en la piel de cordero que les caracteriza cada vez que se acercan unas elecciones, quieran envolvernos con discursos vacíos y ausencia de propuestas.