Fuente: NOTIFE (Santa Fe, Argentina)-.
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Las travestis salteñas denuncian golpes y torturas en comisarías.
El gobernador Urtubey las ignora.
“Nunca sabemos si vamos a salir con vida” “Se bajaron varios efectivos de la Comisaría 2a, de civil, para detener a Rosario y subirla a golpes y empujones al automóvil, donde la siguieron golpeando. Mientras le pegaban, los policías le decían: ‘Ahora te van a quedar ganas de seguir hablando en los medios’. A Betty, que estaba en otra esquina, le pasó lo mismo”, dice la carta que llega desde Salta a la redacción de este diario. “Nunca sé si volveré con vida a casa”, había declarado Rosario a la prensa local apenas unos días antes de la detención. Sabía por qué lo decía: hace menos de dos años recibió seis balazos de los uniformados.
Rosario es vicepresidenta de la regional provincial de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Argentina, organización de base de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. El sábado pasado, su familia supo que se encontraba incomunicada y con una causa penal, y que recién el lunes podrían verla en el juzgado. Los familiares querían dejarle una campera y medicamentos que ella necesita tomar, pero les dijeron que no.
“Cuando llegamos a la alcaldía donde estaban detenidas las compañeras, el sábado a la tarde, buscándolas bajo nombres muertos en documentos de identidad, no pudimos verlas, bajo excusas de estilo. Llamamos al fiscal y se enojó por el llamado. No nos ayudó ni quiso recibir un hábeas corpus verbal. Llamamos al juez, tampoco quiso recibirlo, pero dio la orden para que pudiéramos verla, ya que nunca había decretado la incomunicación que nos dijeron en la alcaldía”, relató a este diario la dirigente local Mari Robles. Las compañeras de Rosario supieron que había dos chicas más que estaban detenidas, Conny y Lelo, pero no las dejaron visitarlas. Finalmente, todas salieron libres, pero la persecución contra las travestis no para: ATTTA y el grupo Transparencia Salteña vienen protestando desde hace meses por el recrudecimiento de la represión policial en la provincia.
El mes pasado, estas organizaciones denunciaron en una carta abierta que el jefe de la Unidad Regional 1 de la provincia, Néstor Méndez, había establecido un programa de razzias con ayuda de efectivos de distintas comisarías, con el objetivo de “erradicar” a las personas trans y trabajadoras sexuales. A veces les aplican el Código y otras veces las detienen por averiguación de antecedentes.
UN CÓDIGO PARA REPRIMIR.
La denuncia de las travestis salteñas llega como un grito desesperado desde ese interior profundo de la Argentina donde la diversidad sexual no es una categoría sociológica sino policial, las políticas antidiscriminatorias parecen lejanías de otro continente y única ley sigue siendo la del garrote. En Salta, el Código de Faltas castiga la prostitución y las travestis, condenadas a prostituirse por la discriminación laboral y la falta de oportunidades, son el blanco preferido de la policía. El gobernador Urtubey recibió hace meses una carta del ministro Aníbal Fernandez que, como informó entonces Crítica de la Argentina, lo instaba a promover la reforma de esa legislación inconstitucional, pero decidió no hacerle caso.
“Se entiende por grupo la reunión de tres o más individuos”, define el artículo 74 del código vigente, con una redacción que parece recordar los años del Proceso, y establece: “Serán sancionados con arresto de hasta treinta días o multa de hasta treinta días los que habitual o accidentalmente se agrupen para molestar, provocar, insultar, hostigar o agredir en cualquier forma a terceras personas o promuevan escándalos o tumultos en lugares públicos o accesibles al público, en tanto ello no constituya delito”. También se castiga a quien “ofendiere el pudor de las personas con palabras o con gestos inequívocos”. La determinación de qué es “ofender el pudor” o “molestar” la hace la misma policía que dejó a Rosario “con pocos signos de humanidad, sucia, con la cara llena de maquillaje lavado por las lágrimas de dos días, totalmente golpeada tanto física como mentalmente”, como cuentan haberla encontrado sus compañeras cuando finalmente pudieron verla, mientras aún estaba detenida.
En la alcaldía, les contó que la habían golpeado durante horas, que le dolían mucho el pecho y la pierna y que habían intentado ahorcarla. Sus amigas pudieron ver los moretones y raspones en su cara y en sus brazos. Betty, otra de las chicas que estaba detenida, se veía aún más lastimada que Rosario, y también le habían iniciado una causa, por “resistencia a la autoridad”.
“Muchas travestis se van de la provincia porque en Salta nos golpean, nos encarcelan, nos extorsionan, nos sobornan y no sólo nos sacan dinero, sino que nos obligan a canjear nuestra libertad por servicios sexuales gratuitos”, había declarado a la prensa dos años atrás una joven dirigente de las travestis salteñas, Pelusa Liendro, quien poco después fue encontrada apuñalada en su auto, en noviembre de 2006. El asesinato de Pelusa fue oficialmente esclarecido por la policía como un supuesto crimen pasional, pero en la provincia todavía existen dudas al respecto y no son pocos los que señalan que hubo “zona liberada” para el crimen, ya que esta joven de 23 años molestaba con sus denuncias a la “mafia policial”. Años atrás, en 2001, había aparecido ahorcada otra travesti, Tatiana, odiada por la policía porque se resistía a las detenciones.
PARA LA FOTO.
La dirigente trans Marcela Romero, vicepresidenta de la FALGBT, viajó el mes pasado a Salta y tuvo reuniones con la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Pace, y con el secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia. De la reunión participaron Mari Robles, el abogado Luis Gallagher –que colabora con las organizaciones locales de derechos humanos presentando hábeas corpus y defendiendo a las travestis cuando les arman una causa– y la delegada local del INADI, Verónica Spaventa. “Nos recibieron porque Aníbal Fernández pidió al gobernador que nos atendieran, pero quedó claro que fue de compromiso. Cuando llegamos, la ministra se sacó una foto con nosotras y dijo que era ‘la primera vez que las trans eran recibidas en la gobernación’. Mucha foto, mucho beso, pero al otro día dijeron a la prensa que ‘el Código está para cumplirlo’ y que las detenciones iban a seguir”, declaró Romero a este diario.
–¿Qué cambió en Salta con el nuevo gobernador?
–Nada. Ahora incluso crearon una especie de “cárcel de contraventoras” para las travestis, en una comisaría. Ahí es donde las llevan. Y al salir de la reunión me enteré que el secretario de Seguridad de Urtubey es un ex represor de la dictadura, denunciado por los organismos de derechos humanos. La represión es cada día peor y las chicas tienen miedo por su vida. Aníbal Fernández hizo gestiones para que deroguen los artículos del Código que usan para perseguir a las compañeras, pero el gobernador no le da pelota y la policía provincial tiene apoyo político para seguir reprimiendo.
–Las personas detenidas la semana pasada denuncian haber sido golpeadas por la policía. ¿Esto ha sucedido ya otras veces?
–Es lo que pasa siempre. Para las travestis, en provincias como Salta, la dictadura militar todavía no terminó.
A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO.
Este diario intentó comunicarse con funcionarios del gobierno provincial, pero todos estaban siempre en alguna reunión y no podían atender. Mientras tanto, sin embargo, el gobernador da otras señales sobre la idea que su gobierno tiene sobre los derechos humanos y las políticas antidiscriminatorias: envió a la Legislatura un proyecto de ley que establece la educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia. El polémico proyecto de Urtubey establece como uno de los objetivos de la educación primaria “brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores, quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”.
Detenciones arbitrarias, persecución policial, golpes y torturas en comisarías, personas viviendo con miedo, funcionarios vinculados a la dictadura y catecismo en las escuelas públicas. Algo está pasando en Salta y el pasado parece estar a la vuelta de la esquina.
