Fuente: MDZ (Mendoza, Argentina)-.
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Una ONG y la Comunidad Homosexual Argentina hicieron pedidos de información para conocer las normativas locales que persiguen y penan las diferentes orientaciones sexuales y van en contra de la identidad de género.
La solicitud fue hecha además a otras nueve provincias.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) solicitaron información a diferentes autoridades provinciales sobre las normativas vigentes usadas habitualmente como excusas para penalizar y criminalizar a travestis, transexuales, gays y lesbianas. Las diez provincias consultadas son Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.
Los pedidos fueron realizados en el marco de lo dispuesto por los arts. 1, 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconocen expresamente el derecho de acceso a la información que consiste en la posibilidad que tiene toda persona a requerir datos a las autoridades públicas. Los pedidos, dirigidos a los tres poderes del Estado también fueron basados en las normativas provinciales vigentes.
Información solicitada:
Cantidad de procesos iniciados en la Justicia Provincial que tengan como causa la infracción prevista en los Artículos del Código de Faltas de la Provincia.
Cantidad de estos procesos en que la persona imputada resultó condenada.
Cantidad de estos procesos en que la persona imputada no resultó condenada.
Cantidad de detenciones efectuadas por la Policía Provincial en aplicación de estas normativas.
Cantidad de denuncias recibidas referentes a la existencia de las circunstancias previstas en los artículos pertinentes.
Cualquier otro tipo de estadística que se encuentre en su poder y que brinde información relacionada con los artículos pertinentes.
Existencia de Proyectos de Ley tendientes a reformar los artículos del Código de Falta vigente.
Fecha estipulada para dichos tratamientos.
Como antecedente de estos pedidos la CHA visitó todas las Casas de las Provincias involucradas, situadas en la Ciudad de Buenos Aires, y entregó una carta a cada Gobernador explicando la situación de su provincia con relación a los Códigos de Faltas y Contravencionales, y la discriminación y persecución de las que son objeto las personas travestis, transexuales, gays y lesbianas.
Debido al carácter discriminador y anacrónico de estos edictos y normativas, las fuerzas de seguridad y la justicia los utilizan como herramienta de represión, escarmiento, terror y, en la mayoría de los casos, para perseguir regularmente a travestis y otras personas en estado de prostitución. La ADC y la CHA reclaman al Estado una respuesta ante la vigencia de estas normativas que legitiman la discriminación por orientación sexual e identidad de género y otras violaciones a los Derechos Humanos.
En Mendoza, los pedidos de información fueron solicitados al ministro de Seguridad, Carlos Ciurca; de Gobierno, Juan Alberto Marchena; al presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, Luis Raúl Millán, y a la Cámara de Senadores.
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Una ONG y la Comunidad Homosexual Argentina hicieron pedidos de información para conocer las normativas locales que persiguen y penan las diferentes orientaciones sexuales y van en contra de la identidad de género.
La solicitud fue hecha además a otras nueve provincias.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) solicitaron información a diferentes autoridades provinciales sobre las normativas vigentes usadas habitualmente como excusas para penalizar y criminalizar a travestis, transexuales, gays y lesbianas. Las diez provincias consultadas son Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.
Los pedidos fueron realizados en el marco de lo dispuesto por los arts. 1, 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconocen expresamente el derecho de acceso a la información que consiste en la posibilidad que tiene toda persona a requerir datos a las autoridades públicas. Los pedidos, dirigidos a los tres poderes del Estado también fueron basados en las normativas provinciales vigentes.
Información solicitada:
Cantidad de procesos iniciados en la Justicia Provincial que tengan como causa la infracción prevista en los Artículos del Código de Faltas de la Provincia.
Cantidad de estos procesos en que la persona imputada resultó condenada.
Cantidad de estos procesos en que la persona imputada no resultó condenada.
Cantidad de detenciones efectuadas por la Policía Provincial en aplicación de estas normativas.
Cantidad de denuncias recibidas referentes a la existencia de las circunstancias previstas en los artículos pertinentes.
Cualquier otro tipo de estadística que se encuentre en su poder y que brinde información relacionada con los artículos pertinentes.
Existencia de Proyectos de Ley tendientes a reformar los artículos del Código de Falta vigente.
Fecha estipulada para dichos tratamientos.
Como antecedente de estos pedidos la CHA visitó todas las Casas de las Provincias involucradas, situadas en la Ciudad de Buenos Aires, y entregó una carta a cada Gobernador explicando la situación de su provincia con relación a los Códigos de Faltas y Contravencionales, y la discriminación y persecución de las que son objeto las personas travestis, transexuales, gays y lesbianas.
Debido al carácter discriminador y anacrónico de estos edictos y normativas, las fuerzas de seguridad y la justicia los utilizan como herramienta de represión, escarmiento, terror y, en la mayoría de los casos, para perseguir regularmente a travestis y otras personas en estado de prostitución. La ADC y la CHA reclaman al Estado una respuesta ante la vigencia de estas normativas que legitiman la discriminación por orientación sexual e identidad de género y otras violaciones a los Derechos Humanos.
En Mendoza, los pedidos de información fueron solicitados al ministro de Seguridad, Carlos Ciurca; de Gobierno, Juan Alberto Marchena; al presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, Luis Raúl Millán, y a la Cámara de Senadores.
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