Fuente: SentidoG (Argentina)-.
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Noticia de México-.
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México DF - (NotieSe)
A casi un año de que elementos de la Policía Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua, mejor conocida como “Milipol”, golpearan a poco más de 40 mujeres transgénero y transexuales, cuyas casas fueron destruidas como parte de un operativo policiaco, las autoridades municipales no han castigado a los responsables por lo que se mantiene el clima de impunidad, denunció Mercedes Fernández, presidenta del Movimiento Lésbico Gay Chihuahuense.
La activista indicó que por el contrario, la llegada de poco más de 2 mil elementos del Ejército mexicano y cerca de 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva para supuestamente frenar los actos de violencia del crimen organizado, ha recrudecido el ambiente de hostigamiento en contra de las personas transexuales que habitan en el municipio.
Entrevistada por esta agencia, Fernández aseguró que desde la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua el pasado 28 de marzo, las mujeres transgénero y transexuales que viven en el centro de la ciudad no pueden salir de sus casas ante el riesgo de ser detenidas por las autoridades, quienes las consideran como delincuentes tan sólo por vestir prendas femeninas.
“Ni siquiera pueden salir a comprar su despensa porque inmediatamente son trasladadas ante las autoridades donde las acusan de ejercer la prostitución. Es increíble lo que sucede porque se las llevan aunque las vean cargando las bolsas del mandado. No tienen derecho al libre tránsito”.
Tras la golpiza recibida por parte de la Milipol el 24 de mayo de 2007, las agredidas conformaron el Colectivo Fany para iniciar trabajos de cabildeo con las autoridades y dar seguimiento a los casos de violación de sus derechos humanos. En esa ocasión, luego de allanar sus moradas, fueron atacadas con balas de pasta y fuertemente golpeadas lo que derivó en que varias de ellas fueran hospitalizadas.
Las quejas interpuestas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como la solicitud de intervención del presidente municipal José Reyes Ferriz y del gobernador de la entidad, José Reyes Baeza, ambos de extracción priísta, no han logrado detener las agresiones en contra de estas mujeres.
El ambiente de represión, señaló Mercedes Fernández, generó la cohesión de 18 organizaciones civiles con trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, las cuales preparan una serie de movilizaciones con el objetivo de que las autoridades locales y federales garanticen el pleno ejercicio de su ciudadanía.
De acuerdo con la entrevistada, tanto el actual presidente municipal Reyes Ferriz, como el anterior, Héctor Murguía, han mostrado poca disposición para resolver el problema.
“No han permitido acercarnos al jefe de Seguridad Pública, Guillermo Prieto Quintana, quien encabeza las cacerías. No entienden que se trata de mujeres de tiempo completo, las suben a las camionetas y no les permiten el pago de la multa por lo que se tienen que aventar 36 horas de cárcel. Son acusadas de faltas a la moral, ejercicio de la prostitución y asociación ilícita. Les cargan todos los muertitos que se les ocurren”.
A raíz de los sucesos y luego de considerar se trataba de grupos vulnerables, el visitador especial de la CEDH , Víctor Ortiz Vázquez, dictó una serie de medidas cautelares a través del oficio CJVO 131/07 destinadas a proteger a los ciudadanos transexuales, transgénero, lésbicos, gays y trabajadoras sexuales que viven y realizan sus actividades en la zona centro de la ciudad.
Sin embargo, Fernández apuntó que hasta el momento las autoridades municipales no han presentado informes sobre las investigaciones en torno a los elementos de seguridad pública que participaron en el operativo de 2007. “No pasa nada, seguimos igual”.
Dicha situación se presenta no obstante que desde enero pasado entró en vigor la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua, que en su artículo 4 señala que se entiende por discriminación todo acto de exclusión y distinción basado en el origen étnico, sexo, edad, discapacidad, orientación o preferencia sexual entre otros.
Para la activista, el binomio político prevaleciente en la entidad y que está conformado por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional representa “una ultraderecha muy diácona” que dificulta el avance en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos
Por último, Fernández, quien cuenta con el apoyo de diversas organizaciones civiles, advirtió que de no concretarse una mesa de diálogo con las autoridades para alcanzar acuerdos, el colectivo gay realizará un plantón en la presidencia municipal e incluso una marcha hacia la Ciudad de México. “No queremos ser mártires de un movimiento, pero no estamos dispuestos a tolerar la impunidad”.
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México DF - (NotieSe)
A casi un año de que elementos de la Policía Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua, mejor conocida como “Milipol”, golpearan a poco más de 40 mujeres transgénero y transexuales, cuyas casas fueron destruidas como parte de un operativo policiaco, las autoridades municipales no han castigado a los responsables por lo que se mantiene el clima de impunidad, denunció Mercedes Fernández, presidenta del Movimiento Lésbico Gay Chihuahuense.
La activista indicó que por el contrario, la llegada de poco más de 2 mil elementos del Ejército mexicano y cerca de 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva para supuestamente frenar los actos de violencia del crimen organizado, ha recrudecido el ambiente de hostigamiento en contra de las personas transexuales que habitan en el municipio.
Entrevistada por esta agencia, Fernández aseguró que desde la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua el pasado 28 de marzo, las mujeres transgénero y transexuales que viven en el centro de la ciudad no pueden salir de sus casas ante el riesgo de ser detenidas por las autoridades, quienes las consideran como delincuentes tan sólo por vestir prendas femeninas.
“Ni siquiera pueden salir a comprar su despensa porque inmediatamente son trasladadas ante las autoridades donde las acusan de ejercer la prostitución. Es increíble lo que sucede porque se las llevan aunque las vean cargando las bolsas del mandado. No tienen derecho al libre tránsito”.
Tras la golpiza recibida por parte de la Milipol el 24 de mayo de 2007, las agredidas conformaron el Colectivo Fany para iniciar trabajos de cabildeo con las autoridades y dar seguimiento a los casos de violación de sus derechos humanos. En esa ocasión, luego de allanar sus moradas, fueron atacadas con balas de pasta y fuertemente golpeadas lo que derivó en que varias de ellas fueran hospitalizadas.
Las quejas interpuestas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como la solicitud de intervención del presidente municipal José Reyes Ferriz y del gobernador de la entidad, José Reyes Baeza, ambos de extracción priísta, no han logrado detener las agresiones en contra de estas mujeres.
El ambiente de represión, señaló Mercedes Fernández, generó la cohesión de 18 organizaciones civiles con trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, las cuales preparan una serie de movilizaciones con el objetivo de que las autoridades locales y federales garanticen el pleno ejercicio de su ciudadanía.
De acuerdo con la entrevistada, tanto el actual presidente municipal Reyes Ferriz, como el anterior, Héctor Murguía, han mostrado poca disposición para resolver el problema.
“No han permitido acercarnos al jefe de Seguridad Pública, Guillermo Prieto Quintana, quien encabeza las cacerías. No entienden que se trata de mujeres de tiempo completo, las suben a las camionetas y no les permiten el pago de la multa por lo que se tienen que aventar 36 horas de cárcel. Son acusadas de faltas a la moral, ejercicio de la prostitución y asociación ilícita. Les cargan todos los muertitos que se les ocurren”.
A raíz de los sucesos y luego de considerar se trataba de grupos vulnerables, el visitador especial de la CEDH , Víctor Ortiz Vázquez, dictó una serie de medidas cautelares a través del oficio CJVO 131/07 destinadas a proteger a los ciudadanos transexuales, transgénero, lésbicos, gays y trabajadoras sexuales que viven y realizan sus actividades en la zona centro de la ciudad.
Sin embargo, Fernández apuntó que hasta el momento las autoridades municipales no han presentado informes sobre las investigaciones en torno a los elementos de seguridad pública que participaron en el operativo de 2007. “No pasa nada, seguimos igual”.
Dicha situación se presenta no obstante que desde enero pasado entró en vigor la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua, que en su artículo 4 señala que se entiende por discriminación todo acto de exclusión y distinción basado en el origen étnico, sexo, edad, discapacidad, orientación o preferencia sexual entre otros.
Para la activista, el binomio político prevaleciente en la entidad y que está conformado por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional representa “una ultraderecha muy diácona” que dificulta el avance en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos
Por último, Fernández, quien cuenta con el apoyo de diversas organizaciones civiles, advirtió que de no concretarse una mesa de diálogo con las autoridades para alcanzar acuerdos, el colectivo gay realizará un plantón en la presidencia municipal e incluso una marcha hacia la Ciudad de México. “No queremos ser mártires de un movimiento, pero no estamos dispuestos a tolerar la impunidad”.
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