El PSPV pretende que el Consell pague las operaciones de cambio de sexo

Panorama-Actual.com
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LOS SOCIALISTAS CREEN QUE SE MARGINA A LOS TRANSEXUALES POR NO FINANCIAR LA REASIGNACIÓN SEXUAL

El grupo parlamentario socialista presentará de nuevo una proposición no de ley en Les Corts Valencianes para instar a la Generalitat a que asuma los tratamientos de reasignación sexual, ya que la "no inclusión por parte de la sanidad pública valenciana de esta prestación, agrava la discriminación y potencia la marginación de que son objeto las personas transexuales en el ámbito social, familiar y laboral, abocándolas en muchos casos a la automedicación, la prostitución o el suicidio". Según sostiene el PSPV, los estudios científicos "señalan que la transexualidad se haya presente en 1 de cada 30.000 mujeres y 1 de cada 10.000 hombres, lo que en nuestra comunidad representa aproximadamente unas 400 personas que carecen de protección y de derechos".

La diputada y portavoz del área sociosanitaria del grupo parlamentario socialista, María José Mendoza, explicó que "en cumplimiento de nuestro compromiso de defensa del derecho a la salud de todas las personas, consideramos una deuda pendiente de las administraciones sanitarias la inclusión del proceso de reasignación sexual en las prestaciones de la sanidad pública, ya que es necesario tomar esta decisión de manera inmediata para garantizar el derecho a una buena salud de las personas transexuales".

Mendoza indicó que desde 1983 el proceso de reasignación de sexo "es legal en el Estado Español, pero a pesar de este importante paso, desde la Generalitat sigue sin contemplarse ese tratamiento para las personas transexuales". Por otro lado, afirmó que es "obligación constitucional remover los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de la personalidad".

También añadió que en 1989 el Parlamento Europeo dictó la Resolución contra la discriminación de las personas transexuales en la que instaba a los estados miembros "a adoptar una serie de medidas para luchar contra dicha discriminación, entre las que destacaban la inclusión del tratamiento integral de cambio de sexo en la Sanidad Pública (endocrino, psicológico, quirúrgico); adoptar medidas para contrarrestar la grave situación laboral de los transexuales (80 por ciento de paro, situaciones de prostitución...) y adoptar medidas para fomentar la investigación sobre la realidad transexual".

Sin embargo, la diputada subrayó que "estas medidas no han merecido la más mínima atención de la Generalitat gobernada por el Partido Popular y los problemas de las y los transexuales han sido ampliamente ignorados por la Generalitat valenciana".

Esta actitud, según dijo, contrasta con la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "ha impulsado una Ley de Identidad de Género que resuelve los problemas legales de las personas transexuales y son Andalucía, Extremadura, Asturias y Aragón las primeras comunidades autónomas que han dado el paso de incluir los procesos de reasignación sexual en sus sistemas sanitarios desde hace ya años".

Unidad

Por ello, en la proposición no de ley, firmada por las diputadas María José Mendoza, Nuria Espí, Consuelo Catalá, Encarna Llinares y Carmen Ninet, el PSPV pide a las Corts que insten al Consell que incluya en las prestaciones del sistema sanitario público el diagnóstico y tratamiento integral para las personas transexuales que residan en la Comunitat y que se cree una Unidad Interdisciplinar de Género (UIG) de referencia en la Comunitat, para coordinar a especialistas en transexualidad que tengan que tratarles.

Asimismo, pide que se dirijan al Congreso de los Diputados para que "culmine la regulación o modificación, en su caso, de la legislación vigente para permitir ejercer el derecho de rectificación registral del nombre y el sexo de todas las personas transexuales que, con o sin cirugía de reasignación de sexo, cumplan el requisito previo de disponer del diagnóstico médico correspondiente".

También el PSPV reclama que se garantice el derecho de la persona transexual a "no ser discriminada en el trabajo, ni antes ni durante ni después del cambio de sexo, así como a la puesta en marcha de medidas de acción positiva que faciliten el acceso al empleo, impidiendo de esta forma que la situación de cambio de sexo pueda ser causa de exclusión social".